La emergencia sanitaria y la climática tienen más elementos en común de lo que se podría pensar. Por ejemplo, ambas necesitan una respuesta global. Los compromisos de un país resultan inútiles si no están alineados con los de todos los demás. Por eso ha llegado el momento de considerarnos como una única comunidad y trabajar juntos para asegurarnos un futuro colectivo en este planeta.
Si intentamos mirar más allá de la emergencia Covid-19, tendremos la oportunidad de no volver a cometer los errores del pasado. Todos conocemos las consecuencias del calentamiento global. La pandemia nos abrió los ojos sobre la vulnerabilidad de nuestra forma de vivir, la escasa resiliencia de las grandes ciudades, la contaminación del aire, el aumento de las desigualdades y de la pobreza.
Mientras que muchos temen que la deuda pública represente un peso que vaya a recaer sobre las próximas generaciones, en realidad la amenaza más grave para las generaciones futuras es la falta de acción -o una respuesta demasiado tímida- frente a la emergencia del cambio climático.
Muchos problemas están relacionados entre ellos y, ya que tenemos que reconstruir la economía, como comunidad global será conveniente que pensemos en un nuevo modelo de desarrollo, más inclusivo y sostenible.
Una Revolución Verde que no deje a nadie atrás es la respuesta que buscamos. Un plan de inversión pública en las energías renovables y en las tecnologías limpias puede ayudarnos a crear millones de nuevos empleos, relanzar la inversión privada, descarbonizar la economía, electrificar el transporte, sin olvidar de proteger a aquellos que podrían pagar el precio de la transición energética a través de programas de reconversión y oportunidades de desarrollo. Queremos una transición justa, equitativa e inclusiva.
Invertir en el clima no quita recursos para responder a la crisis económica. De hecho, sucede lo contrario: solo un gasto público sustancial orientado a lo ecológico puede garantizar una rápida recuperación de la economía. Cada sistema económico tiene que respetar el “límite de velocidad” establecido por la disponibilidad de sus recursos productivos: si un gobierno intenta gastar demasiado en una economía que ya está funcionando a toda velocidad, la inflación se acelera. Sin embargo, esos límites no se refieren a la capacidad de un gobierno de soportar un déficit más amplio para invertir en el futuro. Cuando hablamos de gasto público, solemos referirnos más al déficit presupuestario que a otros déficit importantes, como el acceso a la educación y a los servicios sanitarios, al aire limpio y a la biodiversidad, a un trabajo decente y al tiempo libre que podemos pasar con nuestras familias.
La crisis de la Covid-19 ha fortalecido nuestra confianza en las instituciones públicas: la intervención del Estado hoy es considerada por todos como una parte de la solución y no del problema. Y este es un punto de partida importante para hacer frente a la nueva temporada que está empezando. Recomencemos desde aquí. Necesitamos gobiernos con visión de futuro, políticos valientes, hombres de negocios capaces de ver más allá. Una Revolución Verde para una transición energética justa es una oportunidad que hay que aprovechar de inmediato, sin dudar, todos juntos.